Zapatero se va a la guerra

Saldo agotado. José Luis Rodríguez Zapatero utilizó buena parte de su margen discrecional de maniobra al decretar en 2004 el regreso de las tropas españolas en Irak, así que a estas alturas no caben ya más jugadas que las de «pizarra», en sintonía con los aliados occidentales. Y si de aquí en adelante tienen que ser más de tres mil los militares españoles en misiones internacionales, se hará, pero por insospechados meandros y sin muchas alharacas, para no desacreditar la imagen de contención antibelicista «embridada» y sujeta a cupo.
De la amortizadísima foto de las Azores no queda ni el apuntador (Bush está en plena entrega de trastos, Blair finiquitado y Aznar atrincherado en FAES), por lo que al Gobierno ya no le sirven los paños calientes ni los mantras de paz para desenfocar la labor de las Fuerzas Armadas en las misiones en el extranjero, ni para despistar sobre la naturaleza del verdadero y único enemigo: un terrorismo internacional que, con tal de no aliarse a otras civilizaciones, las dinamita, las embute en un burka y las pone mirando a La Meca.

Bienio convulso
Allí donde Bush, Blair y Aznar se pasaron de frenada (los tres han ido entonando, en mayor o menor medida el «mea culpa»), Zapatero fue aprovechando, hábilmente, para ir recogiendo un malestar creciente que terminó (11-M mediante) por colocarle en La Moncloa. En esta etapa (bienio 2003-2004) el pacifismo «naïf» no sólo le salía gratis, sino que computaba en el haber. Mientras el Partido Popular se encastillaba en la gravosa defensa de la intervención militar en Irak, los socialistas, junto con otros grupos parlamentarios, escenificaban todos los martes protestas a las puertas del Congreso de los Diputados, caja de resonancia de otras movilizaciones: manifestaciones multitudinarias, algaradas encabezadas por los Bardem, y hasta la inevitable entrada en escena del juez Baltasar Garzón, quien estuvo a punto de ser expedientado por el CGPJ por publicar en la prensa, en marzo de 2003, un artículo contra el papel «proactivo» de España en esa guerra.
El martilleo no cesaba: «Ilegal, inmoral e injusta». «¡Ilegal, inmoral e injusta!». «¡¡Ilegal, inmoral e injusta!!». Tres adjetivos encadenados y reconvertidos en letanía en esos días negros, en los que ni aparecieron las armas de destrucción masiva de Sadam ni, en contrapartida, el nuevo Gobierno socialista fue capaz de reconducir con sensatez la evidencia de que los hechos le habían dado sustancialmente la razón para articular una política coherente y sólida en materia de Defensa y de relaciones internacionales. Aunque ha venido acertando en el socorrido asidero de «bajo mandato de Naciones Unidas» (denominación de origen de legitimidad de las guerras), el Ejecutivo ha envuelto las misiones militares españolas en un celofán multicolor deformante y condicionado por la dialéctica buenista de su pretendida «Alianza de las Civilizaciones», tan contradictoria con lo que se ventila realmente en Oriente Próximo.
De lo melifluo al exceso
Ya puso en evidencia esos desajustes el primer discurso de investidura de Zapatero, en el que el jefe del Ejecutivo almibaró los anales parlamentarios al expresar que le movían el «ansia infinita de paz, el amor al bien y el mejoramiento social de los humildes». Un melifluo ejercicio de oratoria subrayado por su primera medida ejecutiva: la retirada de las tropas de Irak. Paso obligado, derivado de una promesa electoral, que, sin embargo, no se gestionó adecuadamente por la escasa información facilitada a algunos de los aliados (que lo tomaron por una «espantada») y porque el entonces ministro de Defensa, José Bono, quiso llevarla a cabo sin el asesoramiento técnico y táctico de los militares. El propio Zapatero tuvo que atarle en corto y conminarle a que se dejase asistir y aconsejar.
En septiembre de ese mismo año, ante la Asamblea General de Naciones Unidas, Zapatero reincidió en el empalago: «La guerra era mucho más fácil de ganar que la paz. La paz es la tarea». Y apostilló «Las españolas y los españoles de hoy estamos dispuestos a que las mujeres y hombres que nos sucedan puedan decir: "Ellos sí lo hicieron"». En los meses siguientes, el corifeo Bono se excedió en la explotación de su veta demagógica, en una conferencia pronunciada en mayo de 2005 en el Wilson Center de Washington: «Yo prefiero que me maten a matar». Y lejos de reprimir su incontinencia, pidió poco después que la propuesta de reforma de la Constitución española se aprovechara para suprimir la palabra «guerra» de los artículos 15, 63.3 y 169.
Para entonces, el Gobierno ya había decidido incrementar el contingente español en Afganistán (que de poco más de dos centenares de militares pasó a más de setecientos), pero se empecinaba en el discurso de la «paz», confuso ante la opinión pública por entremezclar interesadamente el papel de España en una estrategia militar internacional con la labor de voluntariado de cualquier ong.
Cambio de discurso
En septiembre de 2005, Zapatero quiso dar mimbres legales a sus anhelos pacifistas al impulsar la ley que, desde entonces, exige el apoyo del Parlamento para cualquier intervención militar española en el extranjero. Aparente freno que no lo será «de facto» ante requerimientos internacionales que puedan surgir en la «era Obama», incontaminada por las Azores. Así que ya se va preparando el terreno para lo que venga: «Estamos en Afganistán porque los que han arrancado la vida de nuestros dos compañeros amenazan al pueblo afgano y también a todas las mujeres y hombres libres del mundo. Desean someternos a su terror. También a nuestras familias, a las familias españolas». No son precisamente palabras de Aznar (aunque lo parezcan) sino de la ministra Carme Chacón, la que hace dos años proclamaba que «todos somos Pepe Rubianes» en solidaridad con el cómico al que se criticó por soltar en TV-3 «me cago en la puta España». La realidad ha cincelado, trágicamente, deslices «progres» y amiguismos condescendientes, ahora que Zapatero se ha tenido que ir a la guerra y no se sabe cuándo vendrá.