CORRUPCION: Ignasi Farreras se proclama entre lágrimas víctima de una campaña de "erosión política"

En la última sesión del juicio al ex conseller Farreres, que afronta 5 años y medio de prisión, el fiscal pide restaurar la confianza ciudadana, quebrada por este episodio

El ex conseller de Treball Ignasi Farreras ha atribuido a una operación de "erosión política" el juicio celebrado contra él por el "caso Treball" y ha pedido un veredicto justo en su derecho al uso de las última palabras, que ha pronunciado entre lágrimas.

Ante el tribunal de la Audiencia de Barcelona que lo juzga por el presunto desvío de fondos del Departamento de Trabajo, Farreras ha evocado el caso "Dreyfuss" (la condena por alta traición de un militar francés judío del que después se demostró su inocencia) para proclamar su "inocencia y tranquilidad de conciencia" y se ha presentado como víctima de una operación política.

Ha resaltado que, con la excepción de la Fiscalía, todas las acusaciones del "caso Treball", destapado por ERC, son políticas: ICV, la del ex militante de UDC Xavier Rotllan y, sobre todo, "muy dolorosamente", la ejercida por la Generalitat, que ayer rebajó su petición inicial de condena a una pena mínima.

En este sentido, Farreras ha recordado que la Fiscalía está investigando informes externos encargados por siete consellerias del gobierno tripartito y ha expresado su deseo de que ningún alto cargo de la Generalitat pase por la situación que él ha vivido y, si lo fueran, "que sea en todo caso con indicios más sólidos".

"No estoy preconizando una amnistía, pero que cuando se acuse se haga con garantías", ha aclarado el ex conseller de Trabajo, que, ya con la voz rota por la emoción, ha deseado al tribunal la "clarividencia" necesaria para dictar un veredicto justo.

El conseller no ha podido evitar el llanto al expresar su esperanza en no correr la misma suerte que el capitán Dreyfuss, porque de ser así, la "compensación moral" de ver su figura rehabilitada sólo la disfrutarían sus nietos.

Ignasi Farreras ha acudido hoy a la última sesión de su juicio, que ha quedado visto para sentencia y por el que afronta una condena de cinco años y medio de prisión, arropado por los presidentes de las patronales Foment del Treball, Joan Rosell, y Cepyme, Eusebio Cima, que, no obstante, no han llegado a seguir la vista oral.

Farreras ha querido simbolizar así los apoyos con que cuenta en la patronal en un juicio con el que, según ha mantenido su abogado en los informes finales, se ha intentado echar abajo "a uno de los más relevantes consellers de la historia moderna de Catalunya".

En un contundente discurso con tintes políticos, la defensa ha sostenido que su cliente ha sido víctima de un "intento de linchamiento y asesinato cívico" con el que las acusaciones han pretendido "acabar con toda una época, la del prestigio de Cataluña en España" y el gobierno de Pujol, que "sí fue evidentemente mejor".

El fiscal pide que se restaure la confianza ciudadana
Frente a ello, el fiscal Fernando Rodríguez Rey ha pedido al tribunal que depure responsabilidades por el "caso Treball" para restaurar así la "quiebra en el funcionamiento del sistema democrático" y la pérdida de confianza de los ciudadanos a raíz de este episodio de supuesta corrupción política.

En sus informes finales, el ministerio público ha sostenido que el "caso Treball", como todos los delitos de corrupción, supone una "quiebra en el funcionamiento del sistema democrático" que "socava" la confianza de los ciudadanos en el funcionamiento de las instituciones y sus responsables.

Por este motivo, ha pedido al tribunal que, como uno de los tres poderes que constituyen el Estado, depure responsabilidades por este episodio de supuesta corrupción para restaurar así la "confianza" de los ciudadanos, que deben sentirse desconcertados "cuando la administración sirve a sus intereses particulares".

El ministerio público ha admitido que se desconoce cuál era el "objetivo último" de la conducta de los procesados, aunque se puede "elucubrar" sobre el mismo, pero ha apuntado que el presunto desvío de dinero público se debió llevar a cabo "por amistad o por militancia partidista".

"En cualquier caso, por un vínculo personal lo suficientemente intenso" como para que los procesados aceptaran desviar los fondos públicos en beneficio de las empresas del empresario vinculado a UDC Víctor Manuel Lorenzo Acuña.

La fiscalía ha justificado que sólo acuse de la presunta malversación al ex conseller y el ex secretario general porque, a diferencia del similar "caso Pallerols" de presunto desvío de fondos del Departamento de Trabajo, ellos eran los únicos que intervinieron en la contratación de los estudios y sus destinatarios.

Rodríguez Rey ha desmontado la "estrategia" de los procesados de "cargar el muerto a los muertos", al haber responsabilizado del encargo de los estudios y del desvío de fondos a un ex alto cargo del Departamento y un empresario de UDC ya fallecidos.

La defensa lo transforma en una víctima política
En sus informes finales, la defensa de Farreras ha esgrimido varios estudios externos encargados por el Gobierno tripartito, acerca de cuyo "apasionante" contenido no ha evitado ironizar: "El cultivo de la chufa", "Fabulario de brujos y brujas", "Seguimiento de la almeja brillante" y "El Parchís", que costaron unos 12.000 euros cada uno.

También se ha referido a otro informe sobre el papel de China en la seguridad asiática, que fue encargado por un departamento dirigido por ICV, que ejerce la acusación particular en la causa, y por el que se pagaron 15.000 euros.

Con ello, ha pretendido demostrar que tanto en anteriores gobiernos como ahora es habitual la práctica de externalizar los estudios, porque los servicios internos de los departamentos son incapaces de proveerlos de toda la información que necesitan, a entidades de prestigio, en su opinión, también cuestionable.