El Gobierno socialista parece tener prisa por querer aprobar una nueva ley del aborto

El Gobierno quiere reformar la ley del aborto en un año

Las clínicas abortistas y las asociaciones pro vida no forman parte de la comisión encargada de estudiar la nueva ley

Nada más llegar de vacaciones, la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, se reunió ayer con los integrantes del comité de expertos para el estudio de la interrupción voluntaria del embarazo. Un equipo formado por 13 personas, que durante los próximos seis meses trabajarán para asesorar al Gobierno de Rodríguez Zapatero, que pretende enviar al Congreso el proyecto de ley durante el primer semestre de 2009, para que entre en vigor a finales del próximo año o principios de 2010.
Juristas, ginecólogos, representantes y técnicos de los Ministerios de la Presidencia, Justicia y Sanidad componen este Comité de Investigación, cuya labor se simultaneará con la creación de una subcomisión parlamentaria en el Congreso, como ya adelantó hace tres días LA RAZÓN. El objetivo, según Aído, es «crear una nueva ley, no una reforma de la actual, que garantice los derechos fundamentales y la seguridad jurídica de las mujeres y su equidad territorial».

Las primeras reacciones con respecto al Comité de Investigación no se han hecho esperar. Una de las principales críticas que recibe es el hecho de que las clínicas abortistas no estén representadas en él. La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) considera «un desperdicio» su salida del grupo, informa Ep. ACAI tenía prometida su participación en el comité pero sus deseos se han truncado, aunque ahora podrán opinar «sin el corsé que supone formar parte de un grupo».
La asociación defiende una ley del aborto que siga el modelo de Holanda, que contempla la interrupción del embarazo hasta las 24 o las 26 semanas. Sin embargo, la ministra de Igualdad reconoció ayer que «no está en condiciones de avanzar cómo será la ley», aunque en un primer momento se estudiará la constitucionalidad de introducir un plazo de 16 o 18 semanas en el que abortar.
Otras asociaciones denunciaron la parcialidad del comité. Beatriz Mariscal, presidenta de la Asociación de Víctimas del Aborto (AVA) declaró que «hemos echado en falta la presencia de grupos pro vida y de sociedades de ayuda a la mujer y al embarazo».
Aunque Aído persigue «la mejor ley posible», otros consideran que la nueva ley lo que hará será incrementar el número de abortos. Mariscal advierte de que «con la legislación actual una ley de plazos sería inconstitucional y, si ya se practican unos 100.000 abortos al año, con esta norma podrían duplicarse y hasta triplicarse».
Ignacio García, de la Junta Directiva del Foro Español de la Familia (FEF), opina que «no hace falta una nueva ley, basta con aplicar correctamente la que está en vigor. La ley de plazos que proyecta Igualdad pretende legalizar el aborto en cualquier circunstancia, siempre que se haga dentro de las 14 semanas de gestación».
García también criticó la formación del grupo de expertos: «En el comité no hay nadie que defienda la cultura de la vida, es un grupo desequilibrado que persigue el beneficio económico de las clínicas abortistas». Según García, «la nueva ley supondrá 50 millones de euros más de beneficios a los 200 que genera el negocio de las clínicas». También ellos pidieron formar parte del comité, pero su propuesta fue ignorada, « a nosotros y a todos los que no defienden la cultura de promuerte».