La Justicia le robó trece años

Rafael Ricardi llevaba en prisión desde 1995. Entonces tenía 35 años. Una mujer violada por dos hombres en el Puerto de Santa María (Cádiz) le confundió con uno de los autores del delito por su estrabismo. Ricardi también era toxicómano, tenía antecedentes y estaba fichado. Su perfil encajaba. La mujer le identificó en una foto y, posteriormente, en una rueda de reconocimiento. En los dos procesos era el único bizco: primer error policial.

La Audiencia Provincial de Cádiz le condenó en 1996 gracias al testimonio de la mujer violada, reforzado, según la sentencia, «por el informe biológico de ADN». Las pruebas realizadas por el Instituo Nacional de Toxicología, sin embargo, no eran concluyentes. De hecho, aseguraban que no se podía confirmar que los restos analizados fueran del acusado, aunque tampoco lo descartaban. De poco valieron las dudas planteadas en ese informe: Ricardi debería cumplir una pena de 36 años en la cárcel de Topas (Salamanca).
El Supremo confirmó la sentencia en 1997 asegurando, en la misma línea que la Audiencia Provincial, «que las pruebas de semen recogidas en la ropa de la víctima corresponden con las del acusado», contradiciendo así el informe toxicológico. Dos errores judiciales graves en menos de un año.
Tres años más tarde, en 2000, el caso parece dar un vuelco. Un nuevo informe del Instituto Nacional de Toxicología concluyó que los restos de ADN encontrados en una gasa de la víctima no eran de Ricardi. La Policía empieza a plantearse si es el verdadero culpable. Se seguía sin saber nada del segundo agresor y, además, las violaciones cometidas por dos hombres de similares características a las denunciadas por la supuesta víctima de Ricardi seguían produciéndose con éste en la cárcel. Sin embargo, la Fiscalía no solicitó la revisión de la pena, entre otras cosas porque Ricardi se declaró culpable en agosto de 1999, «tras recibir amenazas» de las autoridades, según su testimonio. Tres meses después, se volvió a autoinculpar en el delito.
La suerte de Ricardi empezó a cambiar el pasado año. La Policía detuvo a un hombre llamado Fernando Plaza, sospechoso de cometer violaciones. Plaza es un individuo bajo, gordo y con un ojo más grande que otro, tal vez el defecto en la vista que denunció la agredida. No podía ser, en ningún caso, el «hombre alto» que, según la víctima, colaboró en la violación.
Ese «hombre alto» fue localizado por la Policía en la cárcel. Se trataba de Juan Baños, compinche de Plaza en delitos anteriores y condenado por abusar de su hija. Su ADN coincidía con el hallado en una de las violaciones cometidas en el Puerto. En ese momento, la Policía está segura de que Ricardi es inocente, pero la Fiscalía no toma medidas, ya que la víctima seguía acusando a Ricardi. Tuvo que ser una casualidad la que hizo cambiar de opinión a la Fiscalía: los restos hallados en un descarte de la ropa de la víctima -no examinada en su momento y que llevaba almacenada en el Instituto Nacional de Toxicología desde entonces- no eran de Ricardi, sino de Plaza y Baños. Sólo entonces la Fiscalía pidió la excarcelación inmedianta del reo.
Cadena de fallos
Desde ayer a las tres y veinte de la tarde, y tras trece años a la sombra, Rafael Ricardi vuelve a ser libre. Salió de la cárcel desmejorado, con barba de dos días y 48 años. Apenas habló, pero asegura que sigue «creyendo en la Justicia». Le han concedido el tercer grado penitenciario. Técnicamente, según su abogada, ha salido en libertad condicional, a la espera del informe del Tribunal Supremo que le otorgue la libertad definitiva. Su hija, convaleciente de una operación de peritonitis, le espera en su casa del Puerto de Santa María.
Una cadena de errores policiales, la tozudez judicial y repetidos despropósitos en la investigación han quitado a Rafael Ricardi casi trece años de su vida. Pedirá una indemnización, que se le concederá con casi total seguridad, pero nadie le devolverá los años perdidos.