María Emilia Casas y el Tribunal Constitucional

El pleno del Tribunal Constitucional arropó ayer a la presidenta, María Emilia Casas, al reiterarle «su confianza» tras escuchar de primera mano su versión sobre la conversación mantenida en abril del pasado año con la abogada Dolores Martín, investigada por el asesinato de su ex marido y actualmente en prisión preventiva por ese hecho.

Las primeras palabras que la presidenta dirigió a sus compañeros fueron para advertir que presentaría su dimisión si no conseguía el apoyo unánime del pleno. Después, según fuentes judiciales, ofreció una explicación «muy general» de lo ocurrido y aseguró que nunca estuvo en su ánimo «asesorar» a su interlocutora, de la que desconocía tanto su profesión como que estuviera siendo investigada por un crimen. Casas aseguró que en todo momento actuó movida por la «buena fe».
La presidenta del Constitucional, que se mostró «entera», pudo respirar tranquila casi desde el principio, pues nueve de los diez magistrados que integran el pleno rápidamente «cerraron filas» en torno a ella. La única voz discordante fue la de Jorge Rodríguez-Zapata, quien en todo momento se mantuvo firme en su decisión de no pronunciarse, ni a favor ni en contra, sobre los hechos expuestos por Casas.
La actitud de Rodríguez-Zapata no gustó a nadie. No gustó a María Emilia Casas, que había pedido un acuerdo unánime; pero tampoco gustó a los demás magistrados. De hecho, todos trataron de convencerle para que reconsiderara y asumiera el comunicado del Tribunal. De ahí que la reunión se prolongara durante seis horas.
Rodríguez-Zapata no cedió y, según las fuentes consultadas, argumentó que prefería no contaminarse y evitar así eventuales recusaciones. Es precisamente este magistrado quien preside la sección que tendrá que resolver un recurso de amparo de la interlocutora de Casas: la abogada Martín pretende que el TC reactive la querella que en su día presentó contra el juez que le retiró la custodia de su hija. Por este motivo el magistrado entendió, y así se desprende de la nota que ha hecho pública, que cualquier pronunciamiento «supondría una toma de postura que le contaminaría en el futuro ante eventuales actuaciones que exigieran un pronunciamiento jurisdiccional o gubernativo de este Tribunal».
Antiguas recusaciones
Además, en la memoria de todos los magistrados estaba la carta interna que el propio Rodríguez-Zapata y el fallecido Roberto García-Calvo enviaron a María Emilia Casas en junio de 2007 con el fin de expresar su «profunda discrepancia» con el procedimiento seguido por la presidenta para dar cumplimiento a la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) y prorrogar su mandato. Ambos magistrados, recusados después por el Gobierno, fueron apartados de las deliberaciones sobre dicha ley con el voto unánime de sus compañeros.
Un segundo episodio sobrevoló ayer el pleno del TC en el que, pese a respirarse un ambiente «algo enrarecido», el debate se desarrolló de forma absolutamente «distendida». En fechas no muy lejanas, el fallecido García-Calvo había sido objeto de duros ataques en un medio de comunicación como consecuencia de una querella presentada contra él por un individuo que después no se ratificó, por lo que fue archivada por el Tribunal Supremo. El querellante llegó a acusar al magistrado de esgrimir un arma de fuego durante una discusión de tráfico. A diferencia de lo ocurrido ayer, aquel episodio no movió al pleno y no hubo muestras de apoyo hacia García-Calvo.
Tras la larga reunión -interrumpida sólo durante media hora para comer-, el pleno del Tribunal Constitucional hizo público un comunicado en el que, en primer lugar, recuerda que es el «único órgano constitucionalmente competente para la valoración de los comportamientos institucionales de sus miembros». La mayoría del pleno agradeció a María Emilia Casas «la transparencia de su comunicación» y le «reiteró su confianza».
Además, expresó a la presidenta «su apreciación de que ni ella ni el Tribunal deben sentirse afectados en sus respectivas legitimidades para el cumplimiento de las funciones que constitucionalmente tienen encomendadas».
Finalmente, el pleno «manifiesta su decisión de continuar con normalidad en el estudio y resolución de los asuntos que en este momento tiene en su agenda». Hoy mismo, los magistrados reanudarán las deliberaciones sobre el encaje del Estatuto de Cataluña en la Constitución.
María Emilia Casas estuvo presente en todo momento en la reunión del Pleno a pesar de que el objeto del debate fuera valorar su actuación en un caso que ha levantado una amplia polémica. Aunque ninguno de sus compañeros hizo objeción alguna a la presencia de la presidenta, fuentes jurídicas han indicado que esta circunstancia «podría haber resultado incómoda a los magistrados a la hora de expresar su opinión con sinceridad».
Fuentes del TC han expresado su deseo de que el apoyo mostrado por el pleno a su presidenta, unido al pronunciamiento del Tribunal Supremo en el sentido de no ver delito alguno en el comportamiento de Casas, permitan zanjar esta cuestión para poder abordar con la necesaria tranquilidad los asuntos que tienen sobre la mesa.